Persiguiendo su propósito represivo, Carabineros de la zona -junto al Ejército- detuvieron y mataron a seis personas el 11 de octubre de 1973 en la localidad de Las Coimas, todos ellos con características similares: hombres jóvenes, entre 24 y 37 años de edad, militantes del Partido Comunista de Cabildo, miembros de sindicatos, interventores de minas y funcionarios de SADEMI [Sociedad Abastecedora de Minería].

Artemio Pizarro Aranda,
Wilfredo Ramón Sánchez Silva,
Mario Alvarado Araya,
Pedro Abel Araya,
Faruc Jimmi Aguad Pérez
y José Armando Fierro

¡PRESENTES!

Por allá en los ‘70, el movimiento minero-campesino de la zona de Cabildo y alrededores cobraba importancia porque su labor venía cuestionando las relaciones sociales que se daban en la minería y el campo, buscando mejorar la dignidad laboral y las condiciones de vida de su propia comunidad (a partir de luchas sindicales y la acción de cooperativas minero-campesinas), además de concretar un cambio en las formas de explotación, procesos industriales y distribución del recurso mineral. Todo esto en el contexto de la lucha social y sindical por nacionalizar el cobre. La ejecución de estas seis personas significó una notificación macabra y múltiple, tanto para el PC como para la comunidad, para quienes conocían a esos ejecutados, para el trabajador minero y quienes apoyaron el gobierno de la Unidad Popular. Un claro intento por controlar y castigar ejemplarmente a un “pueblo de comunistas”.

Las detenciones fueron realizadas por Carabineros de Cabildo, siendo funcionarios reconocidos por las víctimas y sus familias, dado el escaso contingente policial en esa época en las comunas rurales. Hay casos en que la policía fue a buscarlos a sus propios hogares y las detenciones se realizaron con sus familiares como testigos; otros fueron detenidos en SADEMI, en sus puestos de trabajo y en presencia de sus colegas; o como Pedro Araya que se presentó voluntariamente en la comisaría de Cabildo respondiendo una citación dejada en su casa por los mismos Carabineros. Para la mayoría se trató de segundas detenciones que se practicaron entre el 6 y 9 de octubre. Mario Alvarado, quién fue el alcalde de la comuna (cargo que se ejercía como funcionario ad honorem y que no constituyó un caso aislado(1)), además se le obligó a abjurar de sus ideas, retractándose de su militancia comunista a punta de metralla, frente a las nuevas autoridades militares y los vecinos de Cabildo.

Luego de concretarse las detenciones, los 6 de Cabildo fueron trasladados a la vecina comuna de La Ligua -en cuya comisaría convergieron detenidos de muchas comunas minero-campesinas del norte de la región de Valparaíso-, y luego al Regimiento Yungay de San Felipe. Desde ahí, los trasladaron y ejecutaron en Las Coimas (Putaendo), destino fatal de los comunistas.

El recorrido de su detención y el detalle de los asesinatos también es una historia reconstruida por sus familias posterior a la aparición de los cuerpos, dado que el Regimiento Yungay facilitó mucha información sobre lo acontecido (con clara intención de burlarse y vanagloriarse de lo realizado). Los cuerpos “aparecieron” en la morgue de San Felipe, con muchos impactos de bala por la espalda, con heridas cortopunzantes y huesos rotos al ser arrollados por camionetas del Ejército. Aunque demacrados, no corrieron la misma suerte que otros detenidos desaparecidos.

Al tiempo que sus familiares constataban esta impactante realidad, el Comandante en Jefe de Yungay (Héctor Orozco Sepúlveda, Jefe de Zona de la provincia de Aconcagua, en contexto de Estado de Sitio) entregaba la versión oficial: estas seis personas fueron ejecutadas cuando intentaron huir y agredieron a un suboficial que viajaba en la camioneta del Ejército que los trasladaba desde la Cárcel de San Felipe a la Cárcel de Putaendo(2). Sin embargo, se sabe que esto no fue así, por el tipo de lesiones que presentaban los cuerpos y por las condiciones físicas en que se encontraban al momento del traslado, esto según las autopsias que recibieron sus cuerpos.

Más allá de las incidencias del caso particular de los 6 Ejecutados Políticos de Las Coimas, emergen memorias intensas provenientes de sus familiares directos y las vivencias que tuvieron que enfrentar: la desesperada búsqueda de la persona detenida, la desinformación de Carabineros y el sorpresivo hallazgo de los asesinados; además de la exclusión, discriminación e indiferencia en el pueblo de Cabildo, por la apatía de amigos/vecinos que se alejaron con desprecio rápidamente, por el miedo, por sus burlas y omisión de información o por la complicidad de vecinos con Fuerzas Armadas en la zona.

Las viudas primero buscaron cada una por su lado, acompañadas de sus hijos pequeños u otro integrante de la familia, preguntando incansablemente por sus esposos en comisarías de distintas ciudades y pueblos en la región. En su búsqueda, los familiares recibieron de las autoridades policiales culatazos, escupos y mentiras. Un periplo errante, yendo y volviendo por días, buscando paraderos errados hasta la mañana del 11 de octubre cuando un par de esposas llegaron al Regimiento Yungay en San Felipe y escuchan el comentario burlón: “Ah! Ustedes son las viuditas que quedaron de los que fusilamos anoche”. Espantadas, no les quedó más que visitar la Morgue.

Ellos murieron y sus jóvenes viudas -con sus hij@s- vivieron un giro drástico en sus vidas. Prohibieron los velorios en el pueblo (el único que lo tuvo pudo realizarse tras rogar al Mayor de Carabineros, quien otorgó solo 1 hora a su familia para realizarlo) y hasta muchos meses después aguantaron allanamientos en sus hogares porque militares volvían por la noche dando vuelta todo lo que podían, buscando armas inexistentes.

Para algunas, lo que vino después fue luchar y vivir el luto encerradas en sus propias realidades, apoyándose con fuerza entre los suyos y el sufrimiento en soledad. Tuvieron que asumir maternidades en soltería con todo el amor y esfuerzo posible, con la ayuda de algunos familiares y amigos cercanos. Sobrevivir el desamparo económico, desvelándose ellas para generar el dinero necesario -como fuese- para el hogar, habituándose a la pena y al dolor; pero buscando sobreponerse con resistencia a esta situación desconcertante. Acostumbrándose –hasta el día de hoy- a vivir en un pueblo cuya cultura de delación fue muy intensa y a convivir con quienes traicionaron a otros compañeros o conocidos de toda la vida, quienes desviaban la mirada porque la vergüenza y la apatía terminaron siendo más fuertes, o quienes hablaban de las viudas y “los hijos de los comunistas” entre burlas y chismes.

Después de una larga lucha de las familias y organizaciones de DDHH por Verdad y Justicia, los autores de estos crímenes fueron enjuiciados y condenados a 12 y 3 años por lo acontecido en Las Coimas. Sin embargo, los funcionarios de Carabineros Rodrigo Retamal Martínez, el Dr. Raúl Navarro Quintana y Milton Núñez Hidalgo, todos en retiro, autores de delitos de homicidio calificado, fueron absueltos por la Corte de Apelaciones de Santiago a causa de la prescripción de los casos y la amnistía aplicada a los crímenes de estado ejecutados hasta 1978 (3). Recién el 2017 a sus 89 años, el General(r) del Ejército Héctor Orozco Sepúlveda fue condenado y entró a cumplir pena de cárcel en Punta Peuco(4). Muchos murieron sin pisar la cárcel, enrostrando la herencia autoritaria de la (in)justicia chilena y la impunidad con que gozan estos criminales.

Hoy el caso reabrió su proceso, gracias a la aparición de “nuevos antecedentes” que aportó el “hijo bastardo” de Rodrigo Retamal(5) y la actual determinación de imprescriptibilidad en los crímenes de lesa humanidad. Lxs familiares y sus nuevas generaciones siguen en pie de lucha, como querellantes exigen justicia permanentemente en su territorio, en la acción y memoria contra la impunidad fáctica, considerando que los octogenarios culpables han sido enterrados con honores de Estado o tratados con imposibilidad física-mental para enfrentar el juicio. La justicia que no llega cuando corresponde, ya es injusta.

1- Dentro de las características represivas en la región durante la época, destaca la selectividad en la detención tanto en la provincia Valparaíso, controlada por la Armada y en los valles de la provincia Aconcagua, controlada por el Ejército. Entre estas detenciones selectivas se reconoce el caso del Alcalde de Quillota (Pablo Gac Espinoza), los Regidores de Catemu (Onofre Pêña Castro) y Petorca (Orlando Galdames Rojas), Interventores de Fábricas, Militantes de Partidos, dirigentes poblacionales, presidente de sindicato, obreros, entre otros (Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (año 1991, reed. 1996).
2- En la época, Héctor Orozco era el Jefe de Zona en Estado de Sitio de la Provincia de Aconcagua y Comandante del Regimiento Yungay de San Felipe, quien da cuenta la versión oficial para estos crímenes y, según el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (año 1991, reed. 1996).
3- Información disponible en la sentencia dictada por la Sexta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, el 12 de marzo de 2008.
4- En el reportaje Los crímenes de Héctor Orozco, el ex general que pide ser el segundo indultado de Punta Peuco (El Dínamo Online, 05 de julio de 2018) señala que habría sido condenado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso a diez años y un día por los homicidios de Rigoberto Achú Liendo y Absolón Wegner Millar (ocurridos el 13 de diciembre de 1973 en San Felipe).
5- En el reportaje Hijo de un agente del Estado en dictadura cuenta su historia: “Mi padre, el criminal” del periodista Sebastián Reyes (publicado en The Clinic Online el 04 de abril de 2019) se señala el caso de José Luis Navarrete Rovano, documentalista militante de Historias Desobedientes. Asimismo, el propio José Luis comparte su testimonio bajo el reportaje Soy hijo legítimo y abandonado por mi padre genocida, publicado en www.elcohetealaluna.com el 31 de marzo de 2018.